por Javiera Mahan
Estudiante de Antropología
UAHC
Estudiante de Antropología
UAHC
Los movimientos sociales indígenas que han surgido en
el siglo XX a lo largo del territorio latinoamericano, son una expresión
evidente de la necesidad urgente de transformar las condiciones en que se ha
venido desarrollando la relación entre seres humanos y de estos con el entorno en
el que habitan. Y como dice Bengoa en cuanto a la emergencia indígena en América Latina, “la realidad indígena actual
es una combinación cada vez mas compleja de relaciones urbanas y rurales, con
contactos y comunicaciones internacionales y en una permanente confrontación
entre la tradición etnocultural y la modernidad” (2004: 19). Los indígenas, han
pasado por un complejo y tenso proceso de relación con el mundo occidental,
siendo puestos en un primer momento como una problemática a resolver, conocida
como “el problema indígena”, al cual se busca durante el siglo XX una solución
desde elites intelectuales no indígenas – conocido como el Indigenismo – que a
partir de diversas políticas culturales, económicas y políticas, potencian el
integracionismo y la homogenización de los pueblos indígenas para incorporarlos
al proceso de modernización de los Estados Latinoamericanos. Posteriormente – a
partir de los años 70’ – y como
resultado de estas mismas políticas indigenistas, surgen elites y dirigentes
indígenas que, en ciertos casos, se han incorporado a los procesos de
modernización que apuntan finalmente a una homogenización cultural y por otro, desde
el conocimiento adquirido en esta interacción con ‘el otro’, lo han utilizado
para construir una postura crítica y plantear alternativas respecto a la
perspectiva del desarrollo que se hegemoniza desde occidente – la que responde
a un modelo económico-político específico que gira en torno al consumismo y la
generación de ganancias – siendo su apuesta, considerar como punto central la
igualdad de derechos sostenida en la aceptación de la existencia de la
diversidad cultural, por ende en la aceptación de una relación distinta,
diversa y en equilibrio entre seres humanos y de estos con el medio ambiente. Así
surge una pregunta al respecto ¿Es posible lograr los proyectos que plantean
los movimientos indígenas?
Para resolver esta interrogante
es necesario conocer cuáles han sido las demandas que los movimientos indígenas
han levantado como banderas de lucha y las propuestas que se han planteado
desde los movimientos indígenas en cuanto a la solución de las problemáticas y
trabas que identifican ellos mismos. Como punto de partida es necesario
mencionar que esta emergencia indígena, que construye un discurso en el
presente remitiéndose al pasado, pensando en el futuro, significa “una
propuesta de ‘democratización fundamental’ para el conjunto de la sociedad y el
Estado Latinoamericano” (Bengoa, 2004: 28); siendo resultado de un lento
proceso de autoidentificación, que por un lado autoreconoce al indígena como
tal, como parte de su cultura, y además se autoreconoce como perteneciente al
conflicto de clase, en su calidad de explotado, dueño sólo de su fuerza de
trabajo (Albó, 2008); así, en la toma de conciencia de esta doble condición de
indígena-esclavo/campesino/proletario, da paso a la construcción de su
perspectiva de análisis respecto al mundo, y de las transformaciones necesarias
para mejorar sus condiciones de vida.
En cuanto a las demandas de los
movimientos indígenas, como eje transversal están aquellas referidas a la lucha
por la tierra y los recursos naturales, entendiendo que ambos elementos son los
que permiten a un pueblo poder desenvolverse y desarrollarse plenamente en el
contexto en el que habita. Estas demandas responden a los efectos de la
enajenación y expoliación por la que han pasado los indígenas campesinos de
todo el territorio latinoamericano, desde el periodo de conquista española
hasta la actual expresión del capitalismo en su fase del neoliberalismo. La
lucha por los recursos naturales no es algo nuevo de los movimientos indígenas,
incluso “con ello han profundizado y ampliado también su percepción y lucha
política.” (Albó, 2008: 9). Así, los mismos indígenas – debido a la falta de
protección jurídica y a su aplicación efectiva por las instituciones encargadas
de hacerlo – han debido evidenciar y denunciar los graves impactos que han tenido
sobre sus territorios y por ende sobre todo su sistema de vida, la
implementación de diversos ‘proyectos de desarrollo’ que responden a intereses
de los Estados y de privados, en
detrimento de los intereses de las propias comunidades que habitan en los
territorios directamente afectados (Stavenhagen, 2003). Es decir, el énfasis en
el control de los recursos y del territorio permite interconectar la doble
mirada necesaria en este tipo de movimientos sociales, aquella que les permita
entenderse como resultado y parte del sistema global en el que están inmersos. Así,
un caso para comprender esto es el proyecto del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y su propuesta de los municipios autonómicos,
quienes ponen énfasis en el control – no tan sólo – de los recursos naturales
que se encuentran en su territorio, a partir de los cuales pueden sostener su proyecto
político, ideológico, económico, cultural. El EZLN instala un discurso que
busca la inclusión no sólo de los indígenas, sino de todos los que han sido
excluidos históricamente (Díaz-Polanco, 1997: 148), de este modo haciendo uso
del concepto de “autonomía” – que supone como ejercicio de la
autodeterminación, es decir como un régimen político-jurídico, la existencia de
una base político-territorial, una jurisdicción propia del ámbito territorial
circunscrito, un autogobierno y capacidad de descentralización política – busca
generar una acción política que interrelacione lo global y lo local – lo
“glocal” – sin la intensión de transformarse en un régimen autárquico, sino
todo lo contrario, de entenderse siempre en un escenario ‘glocal’. Por tanto, como
plantea Fernández (2010), el proyecto autonómico del EZLN no se remite tan sólo
a la posibilidad de elección de sus propias autoridades, sino más bien apunta a
una verdadera alternativa al modelo económico y político de exclusión y
explotación en que se han visto inmersos los pueblos indígenas de la zona de
Chiapas, privilegiando ante todo la participación de la totalidad del pueblo en
la toma de decisiones a través de la figura de la ‘Asamblea’, la cual es la
instancia de máxima decisión ante cualquier temática, en que la figura de las
autoridades, que participarán de las
instancias administrativas del ‘Buen Gobierno’, son siempre entendidas como un
servicio a la comunidad, ya que “así como se trabaja la tierra colectivamente,
así colectivamente se gobierna en los pueblos y municipios autónomos” (Ibíd op
cit: 6). Es decir la “autonomía zapatista” es puesta como una oposición radical
a las formas de gobernar basadas en el proselitismo, la burocracia y la
generación de ganancias individuales a partir de la explotación y opresión de
sus ‘representados’ – tanto monetario como de poder político – tan
característico de los gobiernos mexicanos que han pasado históricamente por el
sillón presidencial; he ahí tanto resquemor y oposición a este proyecto desde
‘las izquierdas’ mexicanas. Asimismo, respecto a la relación que se produce
entre los dirigentes y las bases de los movimientos indígenas, en el caso de los
movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia ha ocurrido un cada vez mayor
distanciamiento entre los dirigentes y las bases debido a la incorporación de
estos en las altas esferas políticas, ocupando cargos públicos en el Estado de
cada país. Por tanto aquí nos encontramos claramente con la dicotomía entre el indio permitido y el indio alzado (Hale, 2004. En Albó,
2008:24 ) que en el primer caso es aquél aceptado e incluso fomentado
estatalmente y por la clase política no indígena; en el segundo caso, es el
indígena que si bien recibe concesiones desde el Estado, no se siente cómodo
con estas y continúa protestando a través de diversas vías. La frontera entre
ambos tipos va a depender por un lado de lo que otorga el Estado – la
indigenización de lo indígena en términos conceptuales, de estilos y estructura
– y lo que logran los movimientos indígenas por sus propios medios – ganar
espacios dentro de la estructura y prioridades del Estado. (Albó, 2008)
Directamente relacionado a las
demandas territoriales, quizás el proyecto más audaz de los pueblos indígenas
es el de ser reconocidos en tanto “nación indígena” – en el caso boliviano – o
“nacionalidades” – en el caso ecuatoriano – lo cual redunda una vez más sobre
la demanda de autonomía y además
respecto a la necesidad de reconocimiento de ‘Derechos Indígenas’, es decir de
la aceptación de la existencia de una diversidad cultural evidente. En cuanto a
la complejidad de entrecruzar la idea de un estado plurinacional con la idea
del territorio, vemos que desde la invasión española, en el territorio
americano se genera una transformación en cuanto a las formas tradicionales de
organización – por ejemplo el ayllu – lo cual se traduce en formas particulares
de tenencia y uso de la tierra, que apelan principalmente a un uso comunitario
de esta; con la instalación a la fuerza del modelo económico, político y
cultural de la Colonia, se busca una individualización de la tenencia de la
tierra, buscando finalmente generar la compra/venta de las tierras indígenas,
lo que se ha replicado históricamente, como por ejemplo en el caso de reformas
o contrarreformas agrarias en toda América. Un caso emblemático es el que
ocurre en México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la
contrareforma agraria – Ley Agraria de 1992 – que a partir de modificaciones
amparadas en políticas de corte neoliberal, buscan destruir el sentido de
comunidad en cuanto al uso de la tierra – protegido desde la Reforma Agraria resultado
de la Revolución Mexicana de 1910 – para así poder transformar la tierra
campesina e indígena en un bien que pueda enajenarse, privatizarse e ingresar
al mercado (Díaz – Polanco, 1997).
Por tanto, la resignificación y
apropiación del concepto ‘nación’ desde los pueblos indígenas, instala la idea
de los ‘estados plurinacionales y multiétnicos’. Sin embargo, es importante mencionar
que realmente para hablar de un estado plurinacional, y para que la población
pueda desarrollarse como tal en un medio urbano/rural y/o pluricultural, deben
existir medidas a nivel político de interculturalidad respecto a las
instituciones, “tomando como punto de partida los derechos iguales de todos,
como ciudadanos, y los específicos y colectivos de los miembros de determinado
pueblo, como tales.” (Albó, 2008: 22). Estos son los cambios a nivel político
que buscan los movimientos indígenas: pasar de ser pluriculturales a
interculturales. (Albó, 2008:22). Así, en relación con el punto anteriormente
nombrado sobre la autonomía como un proyecto asumido por varios movimientos
indígenas, es meritorio considerar que no tan sólo los Estados deben reconocer
esto, sino además generar una serie de modificaciones tanto a nivel jurídico – es
decir como plantea Gissi (2008) que sea posible hablar de un pluralismo
jurídico – como administrativo, lo cual entra en contradicción con el proyecto
arrastrado desde el periodo de Independencia latinoamericana, respecto a la
construcción y protección de aquel que apela a la equivalencia de Un Estado =
Una Nación. Así, los movimientos indígenas deben transformarse de un movimiento
social, a un movimiento político (Ibíd op cit: 26).
A
modo de conclusión, uno de los elementos importantes que se instala con los
movimientos indígenas, que pueden entenderse como un efecto tanto de las
políticas indigenistas – que si bien buscan la integración del indígena, lo
visibilizan – y del indianismo – construido como un discurso desde ‘adentro’ y
que instala al indígena como un sujeto político – es finalmente, un discurso y
práctica que apuntan a evidenciar la situación de opresión y explotación que
han vivido históricamente desde la conquista hasta el presente, lo cual se
traduce en proyectos políticos, de diversa índole, que tiendan a la
transformación del escenario local y global – por ejemplo a través del proyecto
político del EZLN o del adoptado en Bolivia en cuanto al establecimiento de
pactos entre partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales e indígenas;
la relación entre ambos aspectos, en donde el concepto de “glocalización”[1] nos
permite comprender las interacciones que se desarrollan entre estos ámbitos, y
tal como plantea Albó (2008), observar dentro de los movimientos indígenas la
negociación que surge entre la globalización desde arriba y la globalización
desde abajo, es decir los procesos de construcción de nuevas perspectivas de
pensar y hacer el mundo, en que se
visibilicen y pongan a un mismo nivel aquellas que representan ‘a los
oprimidos, pero no vencidos’, y que en definitiva se logre generar una
transformación del escenario en que se desenvuelven, en un espacio más justo,
que considere lo diverso y sus modos de interconexión – una interculturalidad real – como parte
esencial a la hora de construir cualquier proyecto político, en el cual la
ciudadanía se entienda como la “capacidad
de ejercer derechos colectivos e individuales, incluido el derecho a la
diferencia.” (Rivera, 2003: 24).
ALBÓ, X., 2008. Atando Cabos. En Movimientos
y Poder Indígena en Bolivia, Ecuador y Perú, PNUD; CIPCA, La Paz.
BELLO M. Á., y J. AYLWIN O., 2008. Globalización,
derechos humanos y Pueblos Indígenas. Editorial LOM. Santiago.
BENGOA, J., 2004. La emergencia
indígena en América Latina. Editoral FCE. Santiago.
DÍAZ-POLANCO, H., 1997. La
rebelión zapatista y la autonomía. Editorial Siglo XXI. México.
FERNANDEZ, P., 2010. Gobierno autónomo zapatista Características
antisistema político mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México [http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/02/15/gobierno-autonomo-zapatista-caracteristicas-antisistema-politico-mexicano/]
(consultado el 19 de junio 2012)
GISSI, N., 2008. ¿De minoría étnica a minoría etnonacional? El
pueblo mapuche, la sociedad chilena y el debate en torno a la autonomía.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [http://etnopsicologia.cl/wp-content/uploads/2008/05/c2bfde-minoria-etnica-a-minoria-etnonacional_-el-pueblo-mapuche-la-sociedad-chilena-y-el-debate-en-torno-a-la-autonomia.pdf]
(consultado el 19 de junio 2012)
STAVENHAGEN, R., 2008. Segundo informe: Los proyectos de desarrollo y
los derechos de los pueblos indígenas (2003). En Los pueblos indígenas y sus
derechos. UNESCO México
[http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2008/Indigenas/libro%20pdf/Libro%20Stavenhagen%20UNESCO.pdf] (consultado
el 21 de junio 2012)
RIVERA C., S., 2003. Oprimidos
pero no vencidos. Editorial Yachaywasi, La Paz.
[1] Según
Robertson este concepto se refiere a la “interacción complementaria entre lo
global y lo local adquiere un contenido práctico fundamental cuando se la
aplica a la pugna por el manejo y control de recursos naturales, con
implicaciones e intereses en conflicto desde la pequeña comunidad hasta la
economía más globalizada.” (1995. en Albó, 2008: 34)
